Santo Domingo– El director general de Bienes Nacionales y honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, ha anunciado la construcción de una nueva Ciudad Universitaria en los terrenos de la antigua Industria Nacional del Papel, en Villa Altagracia.
El proyecto, respaldado por una inversión de alrededor de 3,000 millones de pesos del Ministerio de Educación, se desarrollará en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Ministerio de Deportes, el Instituto Tecnológico de Las Américas e Infotep. Además de la Ciudad Universitaria, se construirán una academia musical y un politécnico, beneficiando a las provincias Monseñor Nouel y San Cristóbal.
La Ciudad Universitaria abarcará 143,000 metros cuadrados y ya se están realizando estudios del suelo y las estructuras existentes en el área. Solo se espera la derogación de un decreto de 2007 para comenzar la construcción.
Durante una entrevista televisiva, Burgos Gómez destacó el desarrollo del Central Industrial Azucarero de Barahona, que ha producido consistentemente 90,000 toneladas de azúcar al año bajo un contrato de 25 años. Este contrato será revisado para equilibrar el patrimonio del Estado.
Burgos Gómez también informó sobre la recuperación de 25,000 tareas de tierra a través de un proceso transparente y dialogado, sin atropellar a nadie. El CEA ha preservado propiedades en varias localidades, incluyendo Barahona, Ingenio Porvenir, Monte Plata, Puerto Plata, Villa Altagracia, Montellano y San Cristóbal. Estas propiedades se conservan en dos bóvedas de seguridad en el antiguo edificio de Bienes Nacionales.
Sobre el proyecto
El proyecto de la Ciudad Universitaria incluye una extensión de la UASD, una academia de artes, un politécnico, una escuela de Infotep y el Instituto de las Américas. Participarán también el Ministerio de Educación, el de Deportes, y el de Viviendas, con la construcción de apartamentos para alojar a los estudiantes. Los terrenos, que comprenden 400,000 metros cuadrados, son propiedad del Estado y están titulados a nombre de Bienes Nacionales.
Burgos Gómez resaltó que, a pesar de que más de 800,000 tareas de tierra fueron entregadas a particulares entre 1996 y 2000, estos contratos podrán ser revisados para asegurar la transparencia y valorar las tierras a precios actuales. Explicó que muchas de estas tierras son aptas para generar riquezas, y que algunos contratos involucraron la entrega de ingenios a menos de 10 pesos el metro, aunque su valor actual supera los 1,000 millones de dólares.
“La transparencia no es solo para el gobierno o los funcionarios, es para todos los ciudadanos. Por eso hay que revisar todo, se trata de propiedades del Estado», concluyó Burgos Gómez.