Cuando el 26 de Septiembre de 2014, un numeroso grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, viajaran a la ciudad de Iguala, para intentar montarse en autobuses y viajar a la Ciudad de México, con el objetivo de participar en la conmemoración de los sucesos y de las víctimas de la represión del 2 de Octubre de 1968, jamás podrían imaginar el cruel destino que les esperaba, ni que este sería el último viaje en la vida de muchos de ellos.
Los sucesos
Cuando los muchachos se disponían a salir de Iguala en 5 autobuses, dos en los que viajaban ellos y otros 3 que lograron llevarse después de una pelea, una cofradía de policías municipales, federales y algunos bandidos civiles de los que típicamente se asocian a las fuerzas del orden en México, los esperaba emboscados para impedirles continuar, abriendo fuego de manera inmisericorde.
Al final de la jornada, 3 estudiantes y otras 3 personas ajenas al grupo de muchachos terminaron muertos, mientras que otros 43 fueron obligados a bajarse de los vehículos, detenidos y hasta el sol de hoy, su paradero continúa desconocido.
¿Qué ha pasado en todos estos años?
De acuerdo a la investigación del Estado, supervisada por Tomas Zerón, quien entonces fungía como Director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Federal bajo el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los policías de Iguala y Cocula, entregaron a los 43 muchachos a los criminales del grupo “Guerreros Unidos” y estos fueron quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero cerca del rio San Juan. Pero los familiares de los desaparecidos y los expertos forenses han negado siempre esta versión que carece de fundamentos científicos y acusan a las autoridades de querer echar tierra sobre el asunto para cerrar el caso definitivamente.
10 años de impunidad
Hoy se cumplen 10 años de esos horripilantes sucesos y hasta la fecha, solo han sido encontrados 3 fragmentos óseos de 3 de las víctimas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un inicio se involucró directamente en este asunto, poniéndose en marcha varias pesquisas, pero al final, varios organismos independientes han concluido en su último informe, que la documentación que entregó el Ejército Mexicano es inexacta y que una buena parte de la información sobre el ataque y los días posteriores se la habían reservado.
Varias detenciones se llevaron a cabo durante estos años, incluyendo a miembros de los cuerpos castrenses, pero muchos han sido liberados posteriormente, mientras que otras personas vinculadas a las investigaciones han sido eliminados físicamente (26 personas para ser exactos) la mayoría pertenecientes a grupos delincuenciales. Después de todo esto, la relación entre las familias y AMBLO ha sufrido un giro drástico en los últimos años, debido a que, evidentemente, el presidente saliente siempre ha estado alineado con ejército.
¿Qué sigue ahora?
Lo cierto es que durante la década transcurrida y en todos los mandatos, el manto del encubrimiento gubernamental y la sombra de la impunidad han estado presentes de manera constante. Ahora le tocará a la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, sacar la cara por todas esas familias que son los que sufren en el anonimato y en el silencio, son los que les ha tocado ver su vida truncada, pero también son los incansables, los que no paran de pedir justicia para sus familiares y los que de seguro no dejarán que este gobierno olvide que LOS 43 DE AYOTZINAPA CLAMAN JUSTICIA.