El Gobierno de Panamá ha realizado un llamado urgente para restablecer la normalidad en las carreteras y recuperar la paz social, en medio de las protestas anti-minería que han generado bloqueos y desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina en ciertas áreas del país centroamericano.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley de Moratoria Minera, y ahora se espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia, un asunto que se ha convertido en el centro de atención del Estado. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Gobierno ha emitido un comunicado instando a la apertura de las vías a nivel nacional y el retorno a la pacífica convivencia social que tanto requiere la población panameña.
Este mensaje oficial subraya la importancia de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y diferencias dentro de la sociedad. Se destaca que cuando la población se une en busca de una resolución pacífica que alcance sus objetivos, se puede alcanzar la ansiada paz social.
En el contexto de estas protestas y bloqueos, asociaciones empresariales han hecho eco del llamado del Gobierno, enfatizando el derecho fundamental al libre tránsito. Además, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a los líderes de las protestas que liberen las vías para garantizar el acceso a servicios esenciales, como atención médica y alimentos, sin que esto afecte el derecho a la protesta pacífica. Se ha señalado que los intentos de establecer corredores humanitarios para el paso de insumos médicos y suministros alimentarios en los puntos de bloqueo han resultado infructuosos.
En respuesta a esta situación, la «Alianza por el Pueblo Unido«, que agrupa a varios sindicatos, incluyendo el SUNTRACS, ha anunciado su determinación de continuar con acciones de protesta en las calles y movilizaciones cívicas en todo el país hasta que el contrato minero sea derogado.