Recientemente la canciller haitiana, Dominique Dupuy, expresó que la República Dominicana «redujo» las deportaciones de ciudadanos de ese país «fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados» internacionales, al tiempo que continuaba con las recurrentes acusaciones de siempre que tildan de «discriminatorios» y «raciales» los motivos por los que miles de haitianos han sido deportados desde República Dominicana.
El “huracán de la victimización” tocó “suelo fértil” en la ONU y la OEA
El caso es que “la cosa” viene moviéndose desde finales del mes pasado, cuando el Gobierno Dominicano arreció las deportaciones y la parte haitiana, ni corta ni perezosa, corrió como siempre, a denunciar el “asunto” ante la OEA y ante las Naciones Unidas, donde el embajador de Haití, Antonio Rodrigue, dijo que República Dominicana «lleva a cabo una política de deportación discriminatoria contra los haitianos y que vulnera sus derechos fundamentales».
A propósito de todo esto, creo que se impone hacer un análisis más profundo sobre el tema MIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN DE CIUDADANOS HAITIANOS HACIA LA REPÚBLICA DOMINICANA, porque de lo que sí nadie habla, es de que cada vez leemos más noticias en los medios sobre la entrada desproporcionada y descontrolada de ciudadanos haitianos ilegales a territorio de la República Dominicana.
Un barco que hace agua por todos lados
Pues sí, eso es más o menos lo que parece la frontera entre los dos países, un barco lleno de agujeros que hace agua y se hunde sin remedio, una vulnerable frontera por donde se perpetran todo tipo de crímenes e ilegalidades, desde el tráfico de cigarrillos, armas de fuego y drogas… hasta llegar a la guinda del pastel, LA TRATA DE PERSONAS, echemos una ojeada:
“Detienen una yipeta repleta de haitianos indocumentados en Mao, Valverde”.
“Detienen a un dominicano con 10 haitianos indocumentados en la carretera Barahona-Azua”.
“Policía apresa hombre traficando 16 haitianos ilegales”.
“Apresado chofer transportaba en yipeta a 23 haitianos ilegales con destino a Santiago”.
“Ejército detiene motociclistas que transportaban haitianos ilegales en la frontera”.
Estos son solo algunos de los titulares que aparecen a diario en la prensa, una especie de “pan de cada día” en la frágil frontera dominico/haitiana. Si seguimos, la lista sería interminable, perooo… detengámonos un momento, porque también aparecen encabezamientos como el que sigue a continuación:
“En Hato Mayor y El Seibo haitianos ilegales siguen trabajando de manera normal”
La punta del iceberg
Llegados a este punto, tendremos que profundizar más aún en el análisis, sí, porque el tema de la complicidad por parte de ciudadanos dominicanos en todo este trasiego, también es un tema álgido y cada día se torna más, pero mucho más preocupante.
Para nadie es un secreto que la inmigración ilegal de nacionales haitianos desde el otro lado de la isla hacia la República Dominicana es, desde épocas remotas, un suculento negocio para un gran número de individuos inescrupulosos que representan a instituciones públicas, y quienes, supuestamente son los encargadas de regular y controlar el flujo migratorio desde la caótica Haití.
La realidad es otra, antiguamente, cuando un militar era trasladado para la frontera, esto era considerado como un castigo, ahora es una especie de bendición, porque la frontera con Haití, es la gallina de los huevos de oro para muchos desaprensivos, ávidos de riqueza, a como dé lugar. Tenemos todo un entramado que ya no se limita solamente al clásico “peaje”, ahora son militares (los supuestos encargados de salvaguardar la soberanía y seguridad de la patria) los que trasladan ilegales incluso en sus vehículos o en último caso, colaboran estrechamente con civiles que se dedican a esta actividad, a cambio del vil metal. Un proceder despreciable sin lugar a dudas, pero eso no es todo, hay más.
Los “delincuentes buenos” de cuello blanco
La otra parte del negocio, es más preocupante y fundamental aún, todas las plantaciones agrícolas (arroz, plátanos, guineos, cacao, piña, hortícolas y de vegetales orientales; granjas avícolas y porcinas; las grandes construcciones privadas; las labores de los hoteles en las zonas turísticas, los servicios domésticos y conserjerías, hace tiempo que vienen siendo realizadas por la mano de obra haitiana indocumentada. Es de todos conocidos, que esta mano de obra indocumentada es utilizada por los bajos salarios que se pagan con relación a la dominicana, para no cargar con la responsabilidad de incluirla en la Seguridad Social, que debe ser cubierta de acuerdo a la Ley número 87-01, así como con el pago de las prestaciones laborales. El código laboral exige que por cada 100 trabajadores extranjeros contratados, 80 deben ser dominicanos, pero esto nunca lo han cumplido ni el Estado ni el sector privado, luego viene la otra cuestión, porque cuando la “utilidad laboral” termina, la mayoría de estos extranjeros se quedan deambulando por nuestras calles y campos de manera ilegal, aumentando una serie de males sociales que afectan al país, tales como la salud, la educación, vivienda, empleos, seguridad ciudadana, medio ambiente, alimentación, etc., además de tener que soportar la presión de la comunidad internacional sobre la República Dominicana para que les reconozcan, sin tenerlos, todos sus derechos, entonces uno se pregunta ¿HASTA CUÁNDO?
¿Qué dice la Ley?
Bueno, pues la nueva ley de tráfico de personas establece severas sanciones contra sus violadores, y entre tantas cosas que estipula, deja claro que de acuerdo con lo establecido, todo aquel que utilice la fuerza u otros mecanismos de amenaza para movilizar de manera ilegal a una víctima, aun con su consentimiento, será juzgado por cometer trata de personas y a este fin, aplica diferentes sanciones en sus diferentes niveles para los infractores.
La pena mínima comienza a partir de los cinco años de prisión, complementada con una multa de 175 a 300 salarios mínimos del sector público.
En tanto, los culpables de afectar a personas con padecimientos psicológicos, discapacitados o entes vulnerables como niños, niñas y adolescentes podrían ser sentenciados con una pena de 20 a 30 años de reclusión y multa de 200 a 400 salarios mínimos públicos.
O sea, las leyes están ahí, solo falta lo de siempre, comenzar a aplicar todo su peso de manera severa y sin distinciones, a aquellos que de manera artera y miserable, ponen por delante el hambre de sus bolsillos y su ambición desmedida a los intereses de la patria, esa misma patria que los observa y los desprecia. Creo que ha llegado la hora de poner un “stop” y dar un verdadero escarmiento si queremos terminar con este asunto.