Santo Domingo– El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, presentó una serie de propuestas para modificar la Ley 63-17, con el objetivo de hacerla más efectiva ante el preocupante aumento de accidentes de tránsito en el país.
Las modificaciones fueron entregadas a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en respuesta al clamor ciudadano y al debate generado por funcionarios y legisladores sobre la necesidad de fortalecer el marco legal.
Entre las principales reformas planteadas se destacan:
Declaración de rebeldía: Conductores que no paguen multas podrán perder su licencia, previa autorización judicial.
Prescripción de infracciones: El plazo pasaría de 1 a 5 años para garantizar la aplicación de sanciones.
Endurecimiento de sanciones: Multas más severas para transporte de carga con exceso de peso y carreras clandestinas (penas de 1 a 2 años de prisión).
Retención de vehículos: Aplicable a quienes estacionen indebidamente o manejen bajo efectos del alcohol.
Pruebas de alcoholímetro: La Policía Nacional y la Digesett realizarán operativos en zonas de expendio de alcohol y avenidas principales.
Reducción de velocidad: Ajuste de los límites en calles, avenidas, túneles y elevados, con mayor vigilancia 24/7.
Más presencia de la Digesett: Recursos adicionales para fortalecer la fiscalización nocturna y en días feriados.
Sanciones a motociclistas: Multas sin excepciones para quienes no usen casco, no porten licencia o tengan documentación vencida.
Restricción de servicios: Quienes no paguen sus multas no podrán obtener certificados de buena conducta ni renovar su licencia o marbete.
Las propuestas surgen tras recientes accidentes que han conmovido al país, como el caso de Aida Nicole y la tragedia en Las Yayas de Azua, donde un camión sobrecargado provocó 11 muertos y más de 30 heridos.
Con estas reformas, el Gobierno busca fortalecer la seguridad vial y reducir el impacto de la imprudencia al volante.


