Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana respondió de manera formal al comunicado emitido el 6 de febrero de 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se abordan las políticas migratorias adoptadas por el Estado dominicano. En su posición oficial, el país reafirmó su compromiso histórico con los derechos humanos, al tiempo que defendió el derecho soberano a regular la migración, conforme a su Constitución y a los estándares internacionales.
La declaración subraya que la gestión migratoria dominicana no puede evaluarse al margen del contexto regional, marcado por la prolongada crisis política, humanitaria y de seguridad en Haití, que ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional sobre el territorio nacional.
Crisis haitiana y presión migratoria regional
El Gobierno recordó que, durante décadas, la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras. La situación haitiana, indicó, constituye un desafío regional, cuyas consecuencias impactan directamente la estabilidad social, económica e institucional del país.
En ese sentido, reiteró que no existe una solución exclusivamente dominicana a la crisis de Haití, por lo que el país continuará impulsando, en foros multilaterales, una respuesta internacional solidaria y corresponsable, con mayor involucramiento de la comunidad internacional.
Derecho soberano a regular la migración
El comunicado enfatiza que la política migratoria dominicana se ejerce en el marco del derecho internacional y no de forma arbitraria. Regular el ingreso, permanencia y salida de personas es, según el Estado, una facultad esencial de la soberanía, reconocida incluso por el propio sistema interamericano de derechos humanos.
Las medidas adoptadas buscan ordenar un flujo migratorio extraordinario, evitar impactos negativos sobre la cohesión social y proteger la sostenibilidad del gasto público en áreas sensibles como salud, educación y servicios sociales.
“Ningún Estado puede ser obligado a asumir indefinidamente la provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso institucional de este”, sostiene la posición oficial.
Rechazo a una aplicación general del principio de no devolución
Uno de los puntos centrales de la respuesta es el rechazo al llamado de la CIDH a aplicar de forma generalizada el principio de no devolución a toda persona en condición migratoria irregular. El Gobierno dominicano advierte que una interpretación de ese alcance equivaldría a aceptar de manera irrestricta la migración irregular, lo cual considera jurídicamente inviable y contrario a la soberanía estatal.
El Estado reiteró que la crisis haitiana no suspende la aplicación de las leyes migratorias dominicanas, ni obliga al país a renunciar a su control fronterizo.
Atención en salud y protección a poblaciones vulnerables
En materia de salud pública, el Gobierno afirmó que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por su estatus migratorio. Los protocolos de coordinación entre autoridades sanitarias y migratorias, explicó, buscan ordenar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, con protección reforzada para mujeres embarazadas, niños y pacientes en condiciones especiales.
Centros migratorios y condiciones humanitarias
La respuesta oficial destaca que el Estado ha implementado mejoras progresivas en los centros de procesamiento migratorio, incluyendo infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica. Además, señaló que existen mecanismos de supervisión interna y coordinación interinstitucional, con una política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.
Cuestionamientos al enfoque del comunicado de la CIDH
El Gobierno dominicano expresó preocupación por lo que considera un énfasis de la CIDH en alegaciones no verificadas, por encima de la información oficial remitida por las autoridades nacionales. En ese sentido, reiteró su disposición al intercambio técnico y transparente de datos, insistiendo en que toda evaluación debe incluir fuentes contrastables y el contexto regional que explica la presión migratoria excepcional.
Derechos humanos y defensa del interés nacional
Finalmente, el Estado subrayó que la defensa del interés nacional y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, afirmó que una gestión ordenada y soberana de la migración es condición indispensable para preservar la estabilidad institucional y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.
En ese marco, la República Dominicana reiteró su voluntad de fortalecer la cooperación técnica con la CIDH, sobre la base del respeto mutuo, la buena fe y el reconocimiento de su soberanía, manteniendo abiertos los canales de diálogo dentro del sistema interamericano de derechos humanos.