, realizaron una vigilia en rechazo de la aprobación del Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales){kind=link}
Santo Domingo- Pp por parte de la Cámara de Diputados, alegando que el mismo legalizara el cierre y las limitaciones del sistema de justicia e incrementará los niveles vulnerabilidad y deficiencia de estos servicios en perjuicio de la población.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD y vocero de los presentes, afirmó que con esa iniciativa legislativa se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia, se legaliza la entrega de pruebas de manera virtual, lo que hace más vulnerable los procesos y violenta los derechos de los usuarios del sistema.
Surun Hernández calificó como sorprendente que el Congreso Nacional esté conociendo un Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional varios aspectos de la justicia virtual, mediante la sentencia TC/0286/21.
El jurista recordó que a través de dicha sentencia el TC estableció que la presencia física de las partes en la audiencia es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Constitución de la República.
Los abogados en vigilia indicaron que se aspira, además, eliminar el requerimiento judicial de un expediente físico para cada proceso judicial, con las pruebas originales en los que las partes sustentan sus alegatos, mediante la instauración del supuesto expediente digital, el cual solo constará de documentos escaneados, es decir en fotocopia, lo que abre las puertas a todo tipo de fraudes, mediante la suplantación digital de sellos y firmas, falsificación de documentos escaneados, pues las partes no tendrán que depositar sus originales, y los jueces podrán dictar sentencia en base a esas fotocopias, lo que calificaron como grave.
Audiencias virtuales
virtuales obligatorias en todas las materias por causa de “fuerza mayor” con lo cual, por cualquier razón, hasta por falta de recursos, se podría imponer el cierre de todos o parte de los tribunales, lo cual constituye una suplantación del poder Constitucional del Congreso Nacional, de declarar Estado de Excepción.
Consecuencias fatales
“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales sean a discreción de un juez” explicó Surun Hernández.
En ese sentido, precisó que la iniciativa viola los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Procesal Penal, de Trabajo y otros.
El presidente del Colegio de Abogados advirtió que bajo ningún concepto el Card que agrupa a más de 70 mil abogados, aceptará que se establezca el acceso virtual de manera exclusiva, por lo que continuarán la lucha hasta que se cumpla con lo que establece la Carta Magna.