El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha validado la medida de **coerción** de prisión preventiva impuesta al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, actualmente recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, debido a su supuesta implicación en el caso Calamar.
La magistrada Patricia Padilla, quien encabeza el tribunal, ha desestimado la petición de revisión que buscaba modificar dicha medida. La magistrada afirmó que «la condición de exministro del señor Guerrero podría ser un factor que, tal vez, permitiría obstruir la investigación».
El abogado defensor, Eduardo Núñez, ha considerado que la prisión preventiva en el caso de Guerrero es un completo absurdo, ya que ningún otro acusado ha demostrado una conducta procesal menos riesgosa.
De igual forma, ha calificado la decisión como un «sin sentido», dado que la jueza argumentó que las razones para ratificar la medida persisten debido a que el Ministerio Público continúa su investigación. No obstante, ella misma admitió que no ha habido ningún tipo de obstáculo para llevar a cabo dichas indagaciones.
«Ningún elemento probatorio sugiere que el señor Donald Guerrero se sustraería del proceso o entorpecería la investigación desde que esta se inició en octubre de 2020», declaró Núñez.
También ha cuestionado el hecho de que desde 2021 han solicitado en vano a la Pepca la carpeta fiscal, que contiene los documentos, peritajes, interrogatorios y declaraciones obtenidos durante la investigación.
**Arraigo y Colaboración con la Investigación**
El artículo 234 del Código Procesal Penal Dominicano establece que, además de las circunstancias generales requeridas para imponer medidas de coerción, la prisión preventiva solo es aplicable cuando no se pueda razonablemente evitar la fuga del imputado o su obstrucción al proceso.
Los abogados de Donald Guerrero han afirmado en múltiples ocasiones que desde el inicio de la investigación, el exministro ha sido citado en más de 14 ocasiones, proporcionando documentos y explicaciones a la Procuraduría General de la República, todas las cuales fueron respondidas a tiempo y respaldadas con pruebas que sustentan sus argumentos.
Además, Guerrero ha comunicado voluntariamente su paradero a las autoridades de manera reiterada, continua y detallada, notificando sus entradas y salidas del país de manera completamente colaborativa y expedita.
En el mismo sentido, senadores, diputados, juristas y representantes de instituciones de la sociedad civil han criticado recientemente que la prisión preventiva ha dejado de ser la excepción para convertirse en la norma, lo cual constituye una condena anticipada y una violación a la presunción de inocencia.